Denuncian penalmente a integrantes de la Comisión Bicameral por la falta de designación del Defensor del Pueblo
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Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contra los integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de impulsar la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, a quienes acusa de un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal el abogado José Lucas Magioncalda Calda explicó que la presentación está vinculada también con la situación de las rutas nacionales y con la ausencia de un organismo constitucional que pueda representar y defender judicialmente los derechos de los usuarios frente al Estado.
Magioncalda Calda sostuvo que el cargo de Defensor del Pueblo permanece vacante desde hace aproximadamente 17 años y medio, luego de la salida del último titular, y cuestionó que la Comisión Bicameral ni siquiera haya elevado al Congreso una lista de postulantes para que ambas cámaras puedan avanzar en la designación.
Según explicó, la Constitución establece al Defensor del Pueblo como una institución destinada a proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos u omisiones de la administración pública. En ese sentido, consideró que podría desempeñar un papel relevante frente al deterioro de las rutas nacionales.
El abogado señaló además que anteriormente presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía y otros funcionarios por cuestiones relacionadas con el financiamiento de las rutas. Según su planteo, existen recursos provenientes de impuestos destinados específicamente a determinadas obras y cuestionó que esos fondos no sean enviados para ese objetivo.
“Para la solución, porque lo penal es el castigo, tenemos los argentinos una Constitución”, sostuvo Magioncalda Calda, al remarcar que la vía judicial debe complementarse con mecanismos institucionales de control.
Durante la entrevista también hizo referencia a los reclamos realizados por trabajadores de Vialidad Nacional y a informes sobre el estado de las rutas. Consideró que las soluciones judiciales aisladas no alcanzan y planteó la necesidad de mecanismos que puedan garantizar una respuesta para los usuarios de todo el país.
La falta de acuerdo en el Congreso
Magioncalda Calda explicó que la designación del Defensor del Pueblo requiere una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, lo que obliga a alcanzar acuerdos entre distintos bloques.
A su criterio, uno de los obstáculos está relacionado con la dificultad de los sectores políticos para acordar una persona independiente para ocupar organismos de control.
“Cada bloque quiere poner al suyo, al amigo”, sostuvo el abogado, quien planteó que debería buscarse una persona independiente, con trayectoria y reconocimiento, para garantizar el funcionamiento de la institución.
También remarcó que la ausencia del Defensor del Pueblo no afecta únicamente los reclamos vinculados con las rutas, sino también cuestiones relacionadas con discapacidad, educación y salud, entre otros derechos.
Finalmente, sostuvo que la existencia de organismos de control independientes puede funcionar como un mecanismo preventivo frente a decisiones u omisiones de los gobiernos, porque permite que determinadas medidas sean cuestionadas institucionalmente y, eventualmente, ante la Justicia.
