La iniciativa busca que menores bajo tutela estatal accedan a la obra social provincial cuando no cuenten con cobertura.

En Corrientes, un proyecto legislativo pone el foco en una problemática sensible: la falta de cobertura médica en niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados en hogares de tránsito. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Natalia Romero (Partido Liberal), propone garantizar el acceso a una obra social para aquellos menores que hoy dependen exclusivamente del sistema público.

Según datos preliminares, alrededor de 160 chicos se encuentran bajo tutela del Estado en la provincia. Si bien no todos carecen de obra social, un número importante enfrenta dificultades para acceder a una atención médica oportuna, integral y con posibilidad de elección de profesionales, especialmente en el interior.

“Cuando el Estado asume la responsabilidad sobre un niño, esa tutela debe ser integral”, sostuvo Romero. En ese sentido, el proyecto contempla que aquellos menores sin cobertura puedan incorporarse al IOSCOR, la obra social que actualmente presta servicios a los agentes públicos provinciales.

En declaraciones a Radiofmtotal la legisladora explicó que estos casos surgen generalmente a partir de decisiones judiciales que determinan la separación del niño de su entorno familiar, ya sea de forma transitoria o definitiva. En esos escenarios, los menores son alojados en hogares donde equipos interdisciplinarios atienden su desarrollo cotidiano. Sin embargo, las necesidades de salud —que incluyen controles médicos, tratamientos psicológicos o atención especializada— no siempre encuentran respuesta ágil en el sistema público.

Uno de los puntos centrales del proyecto es mejorar la calidad y rapidez de la atención, evitando demoras que podrían agravar situaciones de salud. Además, permitiría acceder a prestaciones que hoy resultan complejas sin obra social, como terapias continuas, atención especializada o acompañamiento escolar mediante maestras integradoras.

La propuesta se encuentra actualmente en etapa de análisis en comisión legislativa. En paralelo, se solicitó información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para contar con un relevamiento más preciso sobre la cantidad de niños institucionalizados y su situación sanitaria.

Si bien existen distintas posturas dentro de la Legislatura, Romero destacó la necesidad de avanzar en consensos. “Se trata de dar una respuesta concreta a una población vulnerable. Aun si fuera un solo niño, el Estado debe garantizar sus derechos”, remarcó.

Desde el entorno de la diputada sostienen que la medida no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los menores, sino también a optimizar recursos públicos, ya que una atención temprana y adecuada puede evitar complicaciones mayores y costos más elevados a futuro.

El proyecto podría ser tratado durante el actual período legislativo, con la expectativa de obtener dictamen favorable y avanzar hacia su aprobación en el recinto.