La Fundación En Cumplimiento del Deber, presidida por el abogado Claudio Venchiarutti, presentó en el día de la fecha una denuncia penal ante la Justicia Federal por la posible comisión del delito de intimidación pública, tipificado en el artículo 211 del Código Penal Argentino, a raíz de haber detectado a través del Observatorio de DDHH de dicha organización, la difusión masiva, sin fundamento verificable, de una presunta conspiración para llevar adelante un golpe de Estado en la República Argentina.

Los hechos denunciados se originaron entre los días 24 y 25 de julio de 2025, y refieren a una serie de manifestaciones públicas —en redes sociales y medios digitales— que atribuían a la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, la intención de destituir al Presidente de la Nación con apoyo de sectores opositores, generando así un estado de alarma colectiva y desconfianza institucional.

Entre los elementos más graves se destacan:

•    Las manifestaciones de la periodista Cristina Pérez, quien afirmó en el canal La Nación+ que "el Presidente cree que Villarruel puede hacer un golpe y quedarse ella", declaraciones que adquieren particular gravedad institucional por tratarse de la esposa del actual Ministro de Defensa, Dr. Luis Petri, lo que sugiere acceso privilegiado a información sensible.

•    La publicación del medio digital CPO NEWS, con una imagen que simulaba un cable diplomático afirmando que “EE.UU. alertó a Milei que Villarruel podría dar un golpe con apoyo del peronismo”, posteriormente replicada por múltiples cuentas verificadas, entre ellas la del periodista español Javier Negre, conocido por haber sido condenado en su país por publicar contenido falso y difamatorio.

•    La participación activa de la Diputada Nacional Lilian Lemoine, quien desde su cuenta oficial verificada en la red social X replicó y reforzó estas afirmaciones alarmistas, avalando así una narrativa institucionalmente explosiva e infundada. Como representante del Congreso de la Nación, su intervención agrava la legitimación y alcance del mensaje intimidante.

Frente a esta escalada discursiva irresponsable, la Fundación En Cumplimiento del Deber manifestó que "no se puede tolerar la circulación de mensajes que siembran el miedo social e institucional, menos aún cuando provienen o son amplificados por funcionarios del gobierno o personas con responsabilidades públicas".