Amenazas y misterio en Curuzú Cuatiá: suspicacias por la publicación de datos de una causa judicial

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La fiscal obvió aclarar que las víctimas son tres funcionarios públicos.
Un hombre y dos mujeres fueron detenidos en Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación por amenazas recibidas por tres jueces de esa localidad. 

El juzgado que lleva adelante la causa resolvió que permanezcan en prisión preventiva en una dependencia policial, para evitar entorpecimientos en la investigación.

Mientras tanto, se realizan peritajes a los teléfonos celulares que habían sido secuestrados. Los análisis buscan determinar si habían sido utilizados para realizar las amenazas.

Respecto del avance de la investigación, la fiscal de la causa, María Talamona, dio a conocer que la investigación se realizó durante dos meses "y culminaron con un informe muy detallado y fundado elaborado por los federales, en base al que formulé, ante el juzgado, el requerimiento fiscal de instrucción formal por el que solicité a la jueza subrogante los allanamientos y las detenciones de los supuestos autores que fueron detenidos para asegurar los fines del procedimiento".

Las declaraciones de la fiscal son, por lo menos, llamativas, ya que las amenazas a los jueces constituyen un hecho que afecta a las instituciones republicanas y por tal motivo se trata de una cuestión de interés público.

Igualmente, la fiscal se mostró molesta porque el caso tomó estado público a través de los medios de comunicación. Cuestionó también que se conocieran las identidades de las personas involucradas y se justificó en que "los datos sobre las identidades de damnificados y sospechosos no está permitido proporcionar porque se encuentran en juego las garantías constitucionales de las que gozan las víctima y los imputados, y porque cualquier divulgación pondría en riesgo el éxito de la investigación".

A la fiscal se le pasó aclarar que las víctimas son tres funcionarios públicos, jueces de la provincia y que las amenazas recibidas fueron en el contexto de sus actividades al frente de las magistraturas. 

Es por ello que los hechos investigados constituyen hechos que importan a la comunidad pues son los jueces garantes del Estado de Derecho, custodios del cumplimiento de las normativas y por tanto, cualquier afección a ellos implicaría un daño directo a  una institución republicana.

En otros términos, ocultar hecho de tal gravedad como es el ataque a tres jueces, no solo afectaría al derecho a la información, sino que también podría en riesgo a las instituciones y cuando no, a la integridad de las víctimas. La fiscal, en síntesis, obvió que hacer públicas tales amenazas implica en cierta forma brindar protección de las víctimas.

Con respecto de las identidades de las personas, aclaró que es inconstitucional publicarlas, pero dejó de lado el hecho de que los allanamientos realizados fueron un acto público en el marco de una investigación y que, siendo Curuzú Cuatiá un poblado pequeño, no escapó al conocimiento general de quienes son los implicados.

El tercer punto contradictorio de la fiscal radica en que, por un lado sostiene que las detenciones se hicieron para garantizar el avance de la investigación, por lo que se supone que con esto ya no habría entorpecimiento. Pero, por otro, indica que "cualquier divulgación pondría en peligro el éxito de la investigación", lo que hace pensar que podría haber más personas implicadas, o bien, que quienes están detenidas no tienen relación con los hechos investigados.

De todas formas, lo que es certero es que las tres personas detenidas habían sido involucradas en la investigación por el crimen de Atilio Güenaga, quien poseía una fortuna que supera los 30.000.000 dólares.

Las dos mujeres fueron testigos y el hombre fue juzgado como autor, pero se determinó que era inocente.

El dato no menor es que las dos mujeres son familiares del millonario asesinado y que tienen interés en administrar esa herencia, cuestión que los jueces amenazados deben resolver. 

Una cuestión aparte, pero que no deja de ser notoria, es el silencio del Poder Judicial ante un hecho de tal gravedad. El Colegio de Magistrados, en cambio, expresó su repudio ante las amenazas.

Fuente: http://www.novacorrientes.com