La Justicia dio curso a un amparo colectivo presentado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal contra aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En una entrevista exclusiva a Radiofmtotal Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, explicó los principales cuestionamientos.
Pérez Crespo aclaró que, si bien la Asociación de Abogados Laboralistas rechaza la reforma laboral, el amparo fue promovido por el Colegio Público de la Abogacía, una entidad que representa a profesionales de todas las especialidades jurídicas.
El dirigente señaló que la presentación judicial se centra en dos puntos principales. El primero cuestiona el artículo que prevé sanciones económicas para trabajadores y abogados cuando la sentencia reconoce un monto considerablemente inferior al reclamado en la demanda. Según explicó, esto puede desalentar el acceso a la Justicia, ya que muchas veces la diferencia entre lo reclamado y lo finalmente reconocido responde a dificultades probatorias y no a una actuación irresponsable.
El segundo aspecto impugnado es la posibilidad de que las empresas condenadas en juicios laborales paguen las indemnizaciones en cuotas. Pérez Crespo advirtió que la norma genera incertidumbre sobre la actualización de esos pagos y sobre qué ocurriría si una empresa quiebra antes de cancelar la totalidad de la deuda.
Durante la entrevista también se refirió al debate sobre el rol de los sindicatos en la representación de los trabajadores. Explicó que actualmente existe una discusión judicial respecto de si las organizaciones gremiales pueden iniciar determinadas acciones en defensa de sus afiliados sin un poder individual de cada trabajador. Para el abogado, limitar esa representación podría desalentar reclamos, especialmente de quienes aún conservan su empleo y temen sufrir represalias.
Además, cuestionó el reciente decreto que modifica el régimen de los aportes solidarios a los sindicatos. Afirmó que la redacción de la norma genera interpretaciones contradictorias incluso entre especialistas, lo que, a su entender, refleja deficiencias técnicas en la elaboración legislativa.
Pérez Crespo sostuvo que las distintas reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional reducen derechos de los trabajadores sin generar el incremento del empleo prometido. También expresó preocupación por la eliminación de sanciones al trabajo no registrado, al considerar que esto puede incentivar la informalidad laboral y afectar, a largo plazo, el financiamiento del sistema previsional.
Finalmente, concluyó que las modificaciones implementadas terminan ampliando las facultades de los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores, y advirtió que sus consecuencias podrían sentirse tanto en el mercado laboral como en el sistema jubilatorio argentino.