Alex Goldman: “El sector de la discapacidad no se siente discriminado, está discriminado”
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El referente de CAIDIS y del Foro Permanente de Discapacidad advirtió sobre la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, los prestadores y las instituciones. Reclamó previsibilidad en los pagos, mejores condiciones de atención y la aplicación efectiva de las políticas públicas. También pidió al Senado que avance con la normativa que obtuvo media sanción en Diputados.
La crisis del sector de la discapacidad continúa generando preocupación en todo el país. Los atrasos en los pagos a prestadores, las dificultades para acceder a coberturas médicas, la falta de financiamiento y las barreras para acceder al transporte y a los apoyos educativos forman parte de una problemática que afecta directamente la calidad de vida de miles de personas y sus familias.
En declaraciones exclusiva a Radiofmtotal Alex Goldman, referente de CAIDIS y del Foro Permanente de Discapacidad, sostuvo que el sector no solamente se siente discriminado, sino que, según afirmó, “está discriminado desde el inicio de este gobierno”.
Goldman cuestionó el tratamiento que recibió el colectivo de personas con discapacidad durante la actual gestión nacional y señaló que las auditorías sobre las pensiones estuvieron atravesadas por inconsistencias. Aclaró que desde el sector están de acuerdo con los controles y la transparencia, pero consideró que estos procedimientos no deben perjudicar a quienes necesitan asistencia.
Pensiones y prestaciones en una situación crítica
El referente advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. Según explicó, las pensiones resultan insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y muchas personas deben ajustar sus presupuestos desde el comienzo del mes.
Durante la entrevista, Goldman afirmó que existen 268.000 pensiones pendientes de aprobación, que, según indicó, ya habrían atravesado las instancias de control y supervisión correspondientes.
También describió la delicada situación de los profesionales, transportistas e instituciones que brindan servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento. Señaló que los valores de las prestaciones son establecidos por el Estado mediante un nomenclador y cuestionó que no se actualicen de manera adecuada frente a los costos de funcionamiento.
Como consecuencia, explicó que algunos centros de día y hogares acumulan deudas, tienen dificultades para pagar salarios y obligaciones sociales, deben realizar recortes e incluso han tenido que cerrar sus puertas.
Goldman remarcó que los prestadores necesitan previsibilidad financiera para sostener los servicios y garantizar la continuidad de los tratamientos.
La emergencia en discapacidad y el debate legislativo
En relación con la normativa de emergencia, el referente de CAIDIS indicó que varias de las medidas previstas no se implementaron plenamente. Asimismo, expresó su acompañamiento al dictamen legislativo que recoge buena parte de los reclamos del sector y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Ahora, la atención está puesta en el Senado, donde esperan que la iniciativa avance sin modificaciones que alteren sus principales disposiciones.
Goldman también reclamó que se revise el artículo 6 del proyecto de Presupuesto, al que atribuyó efectos negativos sobre el financiamiento de las políticas de discapacidad. Sostuvo que, además de la aprobación de las normas, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo las aplique efectivamente.
El dirigente destacó el diálogo mantenido con legisladores de distintos espacios políticos para alcanzar acuerdos y mencionó, entre otros, a Herrera Huar, Marino, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva.
Transporte y dificultades para acceder a la educación
Otro de los puntos abordados fue el acceso al transporte. Goldman sostuvo que la reducción del financiamiento de las prestaciones específicas obliga a muchas personas a recurrir al transporte público, que no siempre ofrece las condiciones necesarias para garantizar una movilidad accesible.
Esta situación también afecta a niños, niñas y jóvenes que deben trasladarse a escuelas especiales o concurrir a sus establecimientos educativos con los apoyos correspondientes.
En cuanto a la inclusión escolar, advirtió sobre las demoras y exigencias burocráticas de algunas obras sociales para autorizar el acompañamiento de docentes integradores y otros profesionales.
Explicó que estas dilaciones pueden dejar a estudiantes sin los apoyos necesarios para desarrollar su trayectoria educativa en condiciones de igualdad.
“El Estado tiene que acompañar con políticas públicas”
Goldman insistió en que las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder al empleo formal y alcanzar una vida independiente. Por ese motivo, consideró fundamental que el Estado garantice políticas de protección social, pensiones adecuadas y prestaciones sostenibles.
La crisis, sostuvo, no se limita a una discusión legislativa ni a una cuestión presupuestaria: se refleja diariamente en las dificultades de las personas para acceder a tratamientos, educación, transporte y asistencia.
El referente concluyó que el objetivo del sector es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, garantizar la continuidad de los servicios y lograr que las medidas aprobadas por el Congreso se traduzcan en respuestas concretas.
Mientras continúa el debate legislativo, las organizaciones esperan que las autoridades nacionales adopten decisiones que permitan revertir el deterioro de las prestaciones y brindar respuestas a las demandas acumuladas.
