Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de incorporar nuevas rutas al sistema de peajes en 15 provincias. Advirtió sobre el incremento de los costos para transportistas y automovilistas, planteó objeciones legales y reclamó que los recursos provenientes de los combustibles se destinen efectivamente a obras de infraestructura vial.
El anuncio del Gobierno nacional de avanzar con nuevas concesiones viales y la incorporación de estaciones de peaje en rutas de 15 provincias generó preocupación en distintos sectores vinculados al transporte y a la defensa de los usuarios. En ese contexto, Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), manifestó fuertes cuestionamientos al esquema previsto mediante el Decreto 1358.
En una entrevista exclusiva con Radiofmtotal sostuvo que el mecanismo anunciado no debería considerarse un sistema de peaje convencional, sino un impuesto al tránsito, debido a que se pretende cobrar por circular en rutas existentes, sin ofrecer caminos alternativos y sin que necesariamente se realicen nuevas inversiones de infraestructura.
«Esto no es peaje, es un impuesto al tránsito», afirmó el dirigente, quien explicó que, desde su perspectiva, un sistema legítimo de peaje debería estar asociado a una obra determinada, contar con una vía alternativa y permitir recuperar la inversión realizada mediante el cobro de una tarifa.
Más estaciones de cobro y mayores costos para el transporte
Uno de los aspectos que más preocupa a CONADUV es la cantidad de estaciones de peaje que podrían instalarse en los corredores nacionales. Según explicó Lasca, el esquema contempla puestos de cobro aproximadamente cada 90 kilómetros.
Como ejemplo, mencionó la Ruta Nacional 11, en el tramo entre Chaco y Santa Fe, donde estimó que habría cinco estaciones de peaje en un recorrido de aproximadamente 500 kilómetros.
El impacto sería especialmente significativo para el transporte de cargas, debido a que las tarifas se calculan según las categorías y la cantidad de ejes de los vehículos. Por ese motivo, Lasca advirtió que los costos para los camiones pueden multiplicarse considerablemente respecto de los valores que pagan los automóviles particulares.
También cuestionó la viabilidad económica de extender las concesiones a rutas con escaso tránsito vehicular. Según indicó, algunos corredores registran promedios cercanos a los 7.000 vehículos diarios, una circulación que considera insuficiente para sostener el sistema sin trasladar mayores costos a los usuarios.
Cuestionamientos por la falta de inversiones viales
Durante la entrevista, el representante de CONADUV puso en duda que las nuevas concesiones se traduzcan en obras de envergadura. Sostuvo que, en muchos casos, los trabajos terminan limitándose al bacheo y al mantenimiento de banquinas, sin contemplar ampliaciones de calzada, autovías o autopistas.
En ese sentido, remarcó que el país cuenta con recursos provenientes de los impuestos a los combustibles que deberían financiar obras de infraestructura.
Lasca estimó que esos fondos representan alrededor de 3.500 millones de dólares anuales y consideró que, con una administración adecuada, podrían financiarse importantes proyectos viales, reducir los costos logísticos, mejorar la seguridad y favorecer el desarrollo de las economías regionales.
Además, cuestionó que los usuarios deban afrontar simultáneamente impuestos sobre combustibles, neumáticos, lubricantes, patentes y otros conceptos relacionados con la utilización de vehículos.
Acciones judiciales y propuestas que no avanzan
El coordinador de CONADUV confirmó que la organización viene impulsando distintas acciones para cuestionar el sistema de concesiones. Entre ellas mencionó denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos viales y tres presentaciones judiciales vinculadas a la inconstitucionalidad de los peajes.
También señaló que mantienen reclamos para que se establezca un marco regulatorio específico y un organismo de control que garantice la participación de los usuarios, tal como sucede en otros servicios públicos.
Asimismo, recordó que presentaron iniciativas para crear una comisión bicameral encargada de supervisar la recaudación y distribución del impuesto a los combustibles, con participación de representantes del transporte de cargas, pasajeros, el sector agropecuario y organizaciones de usuarios viales.
Sin embargo, aseguró que varias de estas propuestas no tuvieron tratamiento legislativo.
Otro de los planteos estuvo relacionado con la falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, una situación que, según Lasca, debilita los mecanismos institucionales de protección de los derechos de los ciudadanos.
«Los caminos son de todos nosotros»
Al referirse a los próximos pasos, Lasca adelantó que continuarán las reuniones con funcionarios nacionales y las acciones judiciales para intentar modificar el esquema de concesiones.
Finalmente, insistió en que la discusión sobre los peajes debe formar parte de una política integral de transporte terrestre, que contemple las rutas, el ferrocarril y el transporte fluvial.
«Los caminos son de dominio público, no son propiedad de un presidente ni de un gobernador, son de todos nosotros», expresó.
Desde CONADUV sostienen que el financiamiento de la infraestructura vial debe garantizar obras concretas, transparencia en la utilización de los recursos públicos y condiciones que no representen una carga desproporcionada para quienes utilizan las rutas argentinas.
La implementación del nuevo esquema de concesiones abre así un debate sobre el futuro del sistema vial argentino, el costo de circular por las rutas nacionales y la responsabilidad del Estado en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura.