En medio del proceso de reestructuración del sistema vial impulsado por el Gobierno nacional, que contempla despidos de trabajadores en estaciones de peaje y nuevas concesiones de rutas, el presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, cuestionó con dureza la política oficial y calificó al actual esquema como una "estafa vial" que, según sostuvo, perjudica desde hace décadas a los usuarios de las rutas argentinas.
En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal Lasca lamentó la situación de los empleados que perderán sus puestos de trabajo, aunque remarcó que el vencimiento de las concesiones era una situación conocida desde hace años.
"Los usuarios viales no somos empleados de beneficencia. Lamentamos que haya personas que se queden sin trabajo, pero quienes estaban en el sistema sabían que estos contratos tenían fecha de vencimiento", expresó.
El dirigente también criticó la continuidad del cobro de peajes mediante pórticos electrónicos, al considerar que el cambio tecnológico no modifica el problema de fondo.
"La barrera desaparecerá, pero la estafa continuará. En lugar de pagar manualmente, el sistema leerá la patente y seguirá cobrando un impuesto al tránsito", afirmó.
Críticas al traspaso de rutas
Lasca cuestionó además la posibilidad de que el Gobierno nacional transfiera rutas nacionales a las provincias sin asignar recursos para su mantenimiento. Según advirtió, esta medida podría derivar en la creación de nuevos peajes provinciales.
"Es un disparate entregar rutas sin financiamiento. Los gobernadores terminarán recurriendo al peaje para sostenerlas", sostuvo.
Asimismo, aseguró que el volumen de tránsito en la mayoría de las rutas argentinas no permite financiar obras de infraestructura mediante el cobro de peajes.
"Lo recaudado apenas alcanza para cubrir los costos operativos del sistema. Las grandes obras siempre se hicieron con fondos públicos o créditos internacionales, no con la recaudación de los peajes", afirmó.
Reclamos por mayor participación
El titular de CONADUV también cuestionó que las entidades de usuarios no sean convocadas para participar en las decisiones sobre las nuevas concesiones viales.
Según indicó, el Gobierno avanzó con licitaciones sin crear previamente un ente regulador independiente que controle a las empresas concesionarias.
"Los caminos son de dominio público. Los usuarios deberíamos participar en la toma de decisiones, aunque sea de manera ad honorem", reclamó.
Pedido de cambios estructurales
Finalmente, Lasca insistió en la necesidad de reformular integralmente la política vial del país, denunció una "doble imposición" sobre los automovilistas por el pago simultáneo de impuestos a los combustibles y peajes, y cuestionó la falta de designación de un Defensor del Pueblo de la Nación.
Para el referente vial, las políticas aplicadas por los distintos gobiernos desde la década de 1990 han mantenido un modelo que considera perjudicial para los usuarios y que, según afirmó, no ha logrado mejorar de manera significativa la infraestructura vial argentina.