En medio de un proceso de reorganización del sistema financiero, crece la incertidumbre en la ciudad de Curuzú Cuatiá ante el cierre de varias dependencias vinculadas al Banco Central de la República Argentina y la posible reducción de servicios en bancos comerciales.

Según trascendió, se habrían concretado al menos 12 cierres o reestructuraciones en distintas dependencias, lo que impacta directamente en trabajadores del sector. En este contexto, distintas entidades bancarias comenzaron a tomar decisiones internas para ajustar su funcionamiento, lo que incluye la reubicación de personal y, en algunos casos, el cierre de sucursales.

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de la sucursal del Banco Santander en la ciudad, que, de acuerdo a versiones, podría cesar sus actividades. Si bien no hay confirmación oficial, trabajadores indicaron que se encuentran en estado de alerta y en proceso de diálogo ante esta posibilidad.

En paralelo, otras entidades como Banco Galicia ya habrían avanzado en la reubicación de empleados, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires también habría cerrado una de sus operaciones, ofreciendo alternativas laborales a parte del personal afectado.

Representantes de los trabajadores señalaron que mantienen reuniones y audiencias en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde se analizan distintas alternativas para garantizar la continuidad laboral. Sin embargo, admiten que no todos los casos cuentan con soluciones claras, lo que incrementa la preocupación en el sector.

“Estamos atravesando un proceso de achicamiento que también nos toca de cerca. Hay compañeros que podrían ser reubicados, pero en otros casos la situación es más incierta”,dijo en declaraciones exclusiva a Radiofmtotal Juan Lezcano secretario general de la seccional Corrientes,

El posible cierre de sucursales en ciudades del interior como Curuzú Cuatiá no solo impacta en los trabajadores, sino también en los usuarios, que podrían ver reducida la disponibilidad de servicios bancarios presenciales.

Mientras continúan las negociaciones, la comunidad permanece atenta a definiciones que podrían modificar el mapa financiero local y afectar tanto al empleo como al acceso a servicios esenciales.