Marta Altabe, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), advirtió sobre las consecuencias del proyecto legislativo que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y otras situaciones relacionadas. Según sostuvo, la iniciativa representa un retroceso en materia de acceso a la justicia y protección de las víctimas.

Durante una entrevista exclusiva con Radiofmtotal, Altabe, explicó que los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento ya están contemplados en el Código Penal argentino desde hace más de un siglo, pero cuestionó que la propuesta busque agravar las penas específicamente cuando estén vinculados a hechos denunciados en contextos de violencia de género o abuso sexual infantil.

La magistrada señaló que, de acuerdo con estadísticas oficiales citadas por AMJA, las falsas denuncias representan una proporción mínima del total de los casos registrados, por lo que rechazó la idea de una supuesta proliferación de este fenómeno. En ese sentido, remarcó la necesidad de diferenciar entre una denuncia falsa y un delito que pudo haber ocurrido pero que no logró ser probado judicialmente, especialmente en hechos que suelen suceder en ámbitos privados.

Además, afirmó que el proyecto podría generar un efecto intimidatorio sobre víctimas, testigos y profesionales que intervienen en estos procesos, desalentando la realización de denuncias por temor a posibles sanciones penales.

Altabe, sostuvo que la iniciativa resulta regresiva porque, a su entender, contradice compromisos asumidos por la Argentina en el marco del sistema internacional de protección de derechos humanos y el mandato constitucional de promover medidas de protección hacia grupos vulnerables, entre ellos mujeres, niños, niñas y adolescentes.

El proyecto, impulsado por un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical y cuya principal impulsora pública es la senadora Carolina Losada, cuenta con dictamen de comisión y deberá continuar su tratamiento legislativo. Altabe, manifestó que aún puede ser rechazado en las instancias parlamentarias correspondientes y pidió a los legisladores analizarlo teniendo en cuenta los principios constitucionales y los datos estadísticos disponibles.

Durante el intercambio también se mencionó el caso de Lucio Dupuy como ejemplo de fallas en la intervención estatal ante situaciones de violencia infantil. Sin embargo, Altave consideró que ese caso responde a la necesidad de mejorar la capacitación y actuación de los organismos judiciales y administrativos, y no guarda relación directa con la modificación propuesta sobre falsas denuncias.