En una entrevista exclusiva a Radiofmtotal Natalia Rodríguez, integrante de la Red en Discapacidad y de la asamblea Discas en Lucha expresó una fuerte preocupación por el contenido de las modificaciones impulsadas por el gobierno nacional, señalando que el proyecto resulta “estigmatizante” para las personas con discapacidad. Según explicó, entre los principales puntos cuestionados se encuentra la posibilidad de retroceder en el proceso de desmanicomialización, permitiendo nuevamente internaciones en hospitales monovalentes y favoreciendo —según su mirada— la mercantilización de la salud mental en centros privados.

La referente también advirtió que paralelamente se impulsa una iniciativa denominada Ley contra el fraude de las pensiones no contributivas, que implicaría nuevas revisiones y auditorías para quienes perciben estos beneficios. De aprobarse, quienes reciben pensiones por invalidez o cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberían volver a realizar evaluaciones médicas y trámites administrativos para mantener las prestaciones.

Rodríguez señaló que el sector viene denunciando un desfinanciamiento creciente en tratamientos y prestaciones, que afecta tanto a centros de atención como a profesionales del área —acompañantes terapéuticos, transportistas, terapistas ocupacionales, entre otros— debido al atraso en los valores del nomenclador y en los pagos de obras sociales y programas públicos.

Recordó además que Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que desde 2014 tiene rango constitucional en el país y establece un enfoque basado en derechos humanos y en la inclusión social. En ese marco se desarrollaron leyes como la 24.901, que garantiza prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

Desde las organizaciones del sector sostienen que las nuevas propuestas podrían restringir derechos adquiridos. Entre los puntos más cuestionados se mencionan:

Mayor exigencia en los sistemas de evaluación para acceder a pensiones.

Incompatibilidad entre pensión por discapacidad y empleo formal.

Revisión general de beneficiarios actuales.

Cambios en los criterios de financiamiento de tratamientos y prestaciones.

Rodríguez también advirtió que la interrupción de tratamientos interdisciplinarios puede generar retrocesos severos en las personas con discapacidad, especialmente en casos cognitivos o psicosociales.

Finalmente, informó que distintas organizaciones, trabajadores del sector, familias y personas con discapacidad convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud, con el objetivo de visibilizar el reclamo y defender la continuidad de los derechos conquistados.

La entrevistada concluyó que la unidad entre organizaciones sociales, trabajadores y familias será clave para enfrentar las reformas y sostener las políticas públicas destinadas al sector.