La Justicia ordenó al Gobierno nacional convocar a los trabajadores de Vialidad Nacional para retomar las negociaciones paritarias en un plazo máximo de diez días, luego de una presentación judicial realizada por el sindicato del sector ante la falta de actualizaciones salariales.

La medida surge tras el reclamo que venían impulsando los trabajadores viales, quienes denuncian que llevan más de dos años sin aumentos salariales, lo que provocó una fuerte caída del poder adquisitivo.

El secretario general del sindicato de empleados de Vialidad Nacional, Alfredo Ramírez, explicó  en declaraciones exclusivas a Radiofmtotal que la decisión judicial representa un avance importante en la lucha que el sector viene sosteniendo desde hace tiempo.

“Hace dos años que no tenemos aumento y tampoco recibimos los bonos que sí cobraron otros organismos del Estado. La pérdida del poder adquisitivo ronda el 60%”, señaló el dirigente sindical.

Ramírez detalló que la resolución judicial establece además que el Estado deberá abonar diferencias salariales y bonos adeudados correspondientes al período comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, los cuales no fueron percibidos por los trabajadores del organismo.

Críticas al retiro voluntario

El dirigente también cuestionó el plan de retiro voluntario implementado en el organismo, al que calificó como “uno de los más austeros y mezquinos en la historia de Vialidad Nacional”.

Según explicó, el esquema reconoce solo 24 años de servicio y paga el 90% de la indemnización, además de excluir adicionales salariales como el presentismo. A esto se suma que el monto ofrecido se abonaría en ocho cuotas, lo que genera preocupación entre los trabajadores.

Situación del organismo

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con unos 4.500 trabajadores en todo el país, distribuidos en los distintos distritos que se encargan del mantenimiento de las rutas nacionales.

En el caso de Corrientes, el décimo distrito tiene a su cargo más de 1.100 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas la Ruta Nacional 14, 117, 118, 119 y 120, con una planta de aproximadamente 120 trabajadores.

Desde el gremio advirtieron además sobre el deterioro de la infraestructura vial y reclamaron explicaciones sobre los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que según señalaron deberían destinarse al mantenimiento de rutas.

“Hoy hay más de 2.000 millones de dólares que ingresaron al Estado por ese concepto y las rutas están cada vez más deterioradas”, sostuvo Ramírez.

Responsabilidad del Estado

Por otra parte, el dirigente remarcó que ante accidentes provocados por el mal estado de las rutas, la responsabilidad final recae sobre el Estado nacional, incluso en aquellos tramos que se encuentren concesionados a empresas privadas.

“La única responsable de la situación de las rutas nacionales sigue siendo el Estado. Si ocurre un accidente por el deterioro de la calzada, la acción legal debe iniciarse contra el Estado nacional”, afirmó.

Mientras tanto, los trabajadores del organismo se mantienen en estado de alerta, a la espera de que el Gobierno cumpla con la resolución judicial y convoque a la mesa de negociación para discutir la recomposición salarial del sector.