La referente provincial y nacional en discapacidad, Marcela Kriscovich, expresó su preocupación por las nuevas medidas del Gobierno Nacional vinculadas al sistema de transporte y prestaciones para personas con discapacidad. En declaraciones exclusivas a Radiofmtotal, aseguró que el sector atraviesa “una situación de incertidumbre y angustia” debido a los ajustes implementados.

Kriscovich cuestionó la eliminación de subsidios y compensaciones para los pasajes gratuitos de larga distancia destinados a personas con discapacidad, medida publicada recientemente en el Boletín Oficial. Explicó que este beneficio permitía principalmente a pacientes del interior trasladarse hacia centros médicos de mayor complejidad para realizar interconsultas y tratamientos.

“La persona perjudicada es la familia y la persona con discapacidad. No estamos hablando de un abuso del sistema, porque no es que los colectivos viajen llenos de personas con discapacidad todos los días”, sostuvo.

La dirigente recordó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el acceso al transporte gratuito están contemplados en la Ley 24.901 y respaldados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina adhiere.

No obstante, destacó que en la provincia de Corrientes las empresas nucleadas en CETIC garantizarían la continuidad del servicio de corta distancia. Sin embargo, advirtió que la mayor preocupación pasa por los viajes interprovinciales y de larga distancia, especialmente para quienes viven en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Kriscovich también denunció atrasos en pagos vinculados a prestaciones de discapacidad. Según explicó, existen deudas que datan de noviembre del año pasado y todavía no fueron canceladas. Además, afirmó que en 2026 no se habrían efectuado pagos correspondientes a programas como PAMI e Incluir Salud.

“Ya cortaron medicamentos de alto costo y muchos centros están al borde del cierre. El prestador necesita cobrar para poder sostener los servicios”, remarcó.

En ese sentido, señaló que muchas familias ya deben afrontar gastos de medicamentos, transporte y terapias debido a la falta de cobertura. Incluso mencionó dificultades para sostener actividades terapéuticas como la equinoterapia, donde algunas instituciones comenzaron a solicitar padrinazgos solidarios.

Por otra parte, alertó sobre una posible modificación impulsada desde la Superintendencia de Servicios de Salud para transferir a las provincias la cobertura de maestras de apoyo y transporte escolar, prestaciones que actualmente deben ser cubiertas al 100% por las obras sociales nacionales.

Respecto de las acciones judiciales en curso, Marcela Kriscovich confirmó que existe una denuncia federal presentada contra funcionarios nacionales por incumplimiento de derechos vinculados al área de discapacidad. Además, indicó que referentes y asociaciones podrían presentarse como testigos en la causa.

Finalmente, sostuvo que continuarán visibilizando la problemática mediante reuniones, pedidos formales y difusión pública: “Queremos que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y que esta situación deje de profundizarse”.