En declaraciones exclusvias a Radifmtotal María Belén Núñez, licenciada e integrante de la Fundación Sanar, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional impulse la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, normativa que obliga a incluir octógonos negros en los envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.

Durante la entrevista, la especialista sostuvo que la ley representa “un derecho de las personas a saber qué están consumiendo” y aseguró que la normativa permitió que miles de consumidores puedan identificar de manera rápida y sencilla alimentos poco saludables.

“Antes muchas personas pensaban que un producto era sano porque decía ‘light’, ‘diet’ o tenía un envase verde. El etiquetado frontal vino a mostrar claramente cuándo un alimento tiene exceso de azúcar, sodio o grasas”, explicó.

Desde la Fundación Sanar remarcaron que la iniciativa de eliminar la ley responde principalmente a intereses de grandes corporaciones alimenticias y no a criterios sanitarios. Según Núñez, distintos estudios realizados por universidades, organismos internacionales y el propio Ministerio de Salud demostraron que más del 90% de las personas consideran útil el sistema de octógonos y que más de la mitad modificó sus decisiones de compra gracias a esta herramienta.

La referente también advirtió sobre el crecimiento de enfermedades vinculadas a la mala alimentación, especialmente en niños y adolescentes. “Hoy vemos chicos con obesidad, diabetes o hígado graso a edades cada vez más tempranas. Dar marcha atrás con esta ley sería un retroceso enorme para la salud pública”, afirmó.

Asimismo, señaló que el etiquetado frontal facilitó la comprensión de la información nutricional, algo que anteriormente resultaba complejo para gran parte de la población debido al tamaño reducido y al lenguaje técnico presente en las tablas nutricionales.

Núñez indicó además que desde organizaciones civiles y sectores académicos continúan acercando evidencia científica a diputados y senadores para intentar evitar la derogación de la normativa. “La idea es que el debate se dé con información seria y pensando en la salud de la población, no en intereses económicos”, manifestó.

En caso de que el proyecto avance, adelantó que distintas organizaciones podrían recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo para intentar frenar cualquier modificación que implique la eliminación del etiquetado frontal.

Finalmente, la integrante de Fundación Sanar remarcó que el problema de la alimentación no depende únicamente de decisiones individuales, sino también del entorno alimentario y de la fuerte publicidad de productos ultraprocesados.

“La ley era un primer paso para discutir la calidad de los alimentos que consumimos y mejorar la salud de la población. Retroceder ahora sería muy grave”, concluyó.